Vulnerabilidad e impunidad: El desafío de los defensores medioambientales analfabetos en Puebla
Ser un defensor medioambiental o del territorio en Puebla es una tarea difícil. Sin embargo, hacerlo sin saber leer ni escribir implica enfrentarse a la impunidad y corrupción de los organismos encargados de impartir justicia. Así lo alertan académicos, abogados y activistas en el estado con motivo del Día Internacional de la Alfabetización.
Eduardo García Vázquez, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla, asegura que menos del 10 por ciento de las denuncias presentadas por estos defensores ante la Fiscalía General del Estado (FGE) se judicializan y resultan en sentencias favorables para sus causas. Sin embargo, esto solo ocurre cuando los activistas logran presentar sus quejas ante la FGE, lo cual es una minoría, agrega Rodolfo Cruz Vadillo, investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Según él y Armando García Ariza, académico de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP), el proceso legal constituye el obstáculo más difícil para los activistas analfabetos debido a las deficiencias de los organismos encargados para apoyarlos durante el proceso.
La falta de alfabetización no solo refleja una falta por parte del sistema educativo estatal hacia estos defensores ambientales o territoriales sino que viola sus derechos humanos al dejarlos vulnerables a las amenazas y discriminación.
Dada esta situación desfavorable, los grupos defensores del territorio o medio ambiente dependen casi exclusivamente del apoyo externo que puedan recibir ya sea de líderes con educación o de otros actores que se solidaricen y estén dispuestos a ayudarlos. Aun así, su situación sigue siendo precaria ya que además de intentar acceder a servicios educativos y de justicia, también deben enfrentar la persecución y las amenazas de muerte por su lucha.
En el último año, Puebla se mantuvo entre los cinco estados con mayor población analfabeta (6.4 por ciento). Además, según el Informe sobre la situación de personas defensoras ambientales en México 2022 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Puebla ocupó el segundo lugar en número de asesinatos a defensores ambientales y territoriales.
Un ejemplo del problema al que se enfrentan estos defensores es el caso ocurrido en 2019. En Santa María Malacatepec, un grupo activista fue agredido mientras protegía el Cerro La Sombra, una zona codiciada por empresas inmobiliarias y constructoras. Las víctimas intentaron presentar una denuncia ante la Fiscalía para buscar justicia pero no procedió debido a su falta de alfabetización.
La educación actual no satisface las necesidades culturales e identitarias de estos grupos sociales mayoritariamente indígenas o marginados. Existen escuelas pero no están adaptadas para ellos ni reconocen su diversidad cultural e identidad. Hay una falta en la calidad y accesibilidad a materiales educativos así como a los contenidos mismos.
En resumen, los defensores medioambientales o del territorio carecen del apoyo necesario por parte del sistema educativo y legal para hacer valer sus derechos y proteger sus causas. La falta de alfabetización contribuye a la impunidad y discriminación que enfrentan. Es esencial abordar esta problemática no solo brindando educación, sino también garantizando el acceso a la justicia y construyendo un sistema legal inclusivo.