Violencia institucional y falta de perspectiva de género: el caso de Sheridan Mata y sus hijas en un juicio por divorcio incausado
En una audiencia realizada el pasado 27 de septiembre, se llevó a cabo la discusión sobre un caso de divorcio incausado y alimentos en contra de Said N., denunciado por la activista Sheridan Mata. Mata, integrante del Frente Poblano de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, señaló que el hombre ha incumplido sus obligaciones alimentarias durante los últimos 5 años y ha cometido actos violentos hacia ella, incluso intentando asesinarla en dos ocasiones.
Para evitar pagar la pensión alimenticia de sus hijas menores de edad, Said N. buscó ampararse con una jueza federal. Esta decisión favoreció al sujeto argumentando que las jóvenes querían aprovecharse económicamente de él. Ante esta situación, la activista exige que el juicio sea abordado desde una perspectiva de género debido a que no solo existe una falta alimentaria sino también violencia psicológica y emocional hacia su ex pareja e hijas.
Sheridan decidió dar a conocer su caso para visibilizar la violencia económica ejercida contra sus dos hijas menores y otras posibles víctimas. Durante los juicios orales del Poder Judicial recibió apoyo por parte del Frente Poblano de Mujeres Contra Deudores Alimentarios y la Colectiva Nadres Viviendo Violencia Vicaria.
En estos espacios se explicó que Said interpuso un divorcio incausado con el objetivo de evadir su responsabilidad alimentaria; sin embargo, el juez encargado del caso no permitió el divorcio hasta asegurar una pensión provisional para las niñas equivalente a medio salario mínimo por cada una. Aunque Sheridan y sus hijas no estuvieron conformes, decidieron aceptar esta resolución.
Sin embargo, el hombre se negó nuevamente a cumplir con la pensión y buscó respaldo de una jueza federal que le concedió un amparo para no pagarla. Para las activistas, esto refleja la violencia institucional que enfrentan día a día y vulnera los derechos de las menores al negarles recursos para mejorar su calidad de vida.
En su intervención frente al juez Raúl López Hernández, Sheridan solicitó que se tomará en cuenta la violencia física previamente denunciada por ella hacia Said N., incluso mencionando intentos de homicidio en dos ocasiones. Además, pidió que se restablezcan las medidas de seguridad debido a temor por su vida y la de sus hijas.
A pesar de haber obtenido medidas de protección anteriormente, estas solo tuvieron vigencia por algunos meses. Ahora buscan que el juez Raúl López Hernández y Belinda Aguilar, magistrada presidenta del Poder Judicial, tomen en cuenta los casos de violencia institucional y prioricen el bienestar de los menores involucrados ya que aunque los padres estén separados aún ejercen diversas formas violentas.