Tala ilegal en Puebla: un negocio que pone en riesgo la salud y el medio ambiente
Las majestuosas barrancas de la ciudad de Puebla han dejado de ser simples paisajes naturales para convertirse en escenarios lamentables: un vertedero y un terreno fértil para la tala ilegal. Aprovechando estos recursos maderables, los infractores se dedican a la elaboración de carbón, que posteriormente comercializan en mercados locales sin importar las graves consecuencias para la salud de los habitantes y el devastador impacto ambiental. La falta de acción, personal y conocimiento sobre el proceso adecuado para denunciar se citan como los principales factores que han promovido este preocupante fenómeno.
En el municipio poblano, las juntas auxiliares de La Resurrección y San Andrés Azumiatla son testigos directos del despojo al que están siendo sometidas las áreas verdes que antes albergaban hermosos árboles. Esta práctica está sancionada por ley según lo establecido en el artículo 418 del Código Penal Federal, donde se estipula claramente las penas por traficar con recursos forestales.
Al norte de la ciudad, específicamente en La Resurrección, vecinos han reportado constantes talas sin autorización oficial por parte de grupos armados con machetes y sierras. A pesar de ello, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha hecho caso omiso a estas denuncias. Por su parte, habitantes mencionan problemas graves tanto ambientales como sanitarios generados por los fogones utilizados para carbonizar la madera talada ilegalmente.
En San Andrés Azumiatla también se registran actividades ilegales relacionadas con esta problemática. Los lugareños indican una disminución alarmante del agua disponible debido a las extensivas talas realizadas en cerros y barrancas cercanas. Este drama ambiental no solo afecta a los ecosistemas locales sino también repercute negativamente en la calidad vida y salud de sus habitantes.
Ante esta situación crítica, instancias gubernamentales como la Secretaría del Medio Ambiente Municipal han interpuesto denuncias pertinentes ante las autoridades competentes con el objetivo frenar estas prácticas destructivas e impulsar acciones educativas dirigidas a concienciar sobre esta problemática crucial que urge ser atendida desde todos los sectores involucrados.