Limitada infraestructura de justicia para las mujeres en Puebla a pesar de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género
En Puebla, a pesar de que 50 municipios cuentan con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y se han abierto 5,328 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar hasta julio, la entidad solo dispone de tres centros de justicia para la mujer. Además, cuenta con dos fiscalías especializadas en la capital y 75 unidades de investigación para todos los delitos denunciables.
Según información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de una solicitud de información, estas unidades son fundamentales para iniciar denuncias. Se hace mención específica a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Centros de Justicia para las Mujeres.
En Puebla existen dos fiscalías especializadas: una ubicada en el número 414 oriente en la colonia Centro y otra identificada como "Bochas" en el número 1003 norte también en el centro. En cuanto a los centros de justicia para mujeres, sólo hay tres: uno está en Acatlán Osorio; otro se encuentra en Tehuacán y el tercero está situado en Puebla capital.
Es importante mencionar que las unidades especializadas se concentran únicamente en 75 municipios dentro del estado poblano. Sin embargo, es relevante destacar que estas unidades no están enfocadas específicamente hacia una perspectiva con género ni brindan atención diferenciada hacia las mujeres.
Los municipios poblanos que cuenta con AVGM son Acajete, Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc y muchos más, pero son extensos para mencionarlos aquí.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), actualmente se define la alerta como el conjunto de medidas gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un área específica, tanto ejercida por individuos como por la comunidad misma.
Una de las acciones que se busca implementar es que los gobiernos destinen presupuesto para reducir la violencia y establecer más centros de justicia para mujeres y fiscalías especializadas. Estas deberían ser parte integral de las políticas públicas encaminadas a abordar este problema.