La Ley 3 de 3 en Puebla corre el riesgo de no concretarse para las elecciones de 2024, advierten activistas feministas.

La aplicabilidad de la recién aprobada Ley 3 de 3 en Puebla corre el riesgo de no ser efectiva para el proceso electoral de 2024, según activistas feministas. Aunque reconocen que esta legislación representa un avance importante en la defensa de los derechos de las mujeres e infantes, advierten que aún se permite que violentadores, agresores sexuales y deudores alimentarios sean candidatos o funcionarios.

Según María del Socorro Quezada Tiempo y Fernanda Pérez, voceras de las colectivas Red Plural de Mujeres Puebla y REDefine Puebla respectivamente, la reforma aprobada a la Constitución Política del Estado solo se aplicará cuando una persona cuente con una sentencia judicial. Esto implica que aquellos acusados por agresiones o morosidad alimentaria solo serán excluidos cuando haya una sentencia firme en su contra.

El problema radica en que un juicio por estas causas suele durar hasta tres años y los victimarios pueden interponer recursos legales para retrasar aún más el proceso. Además, la ley no es retroactiva, por lo que solo considerará las sentencias emitidas después de su entrada en vigor.

Asimismo, esta falta de aplicabilidad también afectaría a aquellos registrados en el Registro Nacional de Personas Sancionadas del INE o con sentencias emitidas por el TEPJF por violencia política de género. Las sanciones emitidas por estas autoridades tienen vigencia limitada.

Las activistas consideran improbable que esta ley sea aplicada en 2024 y estiman más realista ver resultados hasta 2027 cuando existan algunas sentencias firmes. Además, señalan la necesidad de una ley adicional, la Ley Sabina, que establezca un registro de deudores alimentarios y restricciones para incumplidores de obligaciones parentales.

Por su parte, Miguel Calderón Chelius, investigador universitario, celebra la reforma constitucional como un fortalecimiento de la administración pública y un aumento en los requisitos para el ingreso a procesos electorales. Sin embargo, destaca la importancia de que los organismos electorales e instituciones públicas cumplan con lo resuelto por el Congreso. Asimismo, defiende que debe ser la autoridad judicial quien determine la culpabilidad de una persona mediante una sentencia firme.

En resumen, aunque se ha logrado un avance significativo en la defensa de los derechos femeninos con la aprobación de Ley 3 de 3 en Puebla, activistas feministas advierten sobre su aplicabilidad limitada y solicitan medidas adicionales como el establecimiento del registro oficial de deudores alimentarios mediante la Ley Sabina.

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