La falta de regulación en los centros de rehabilitación privados en Puebla: un problema de derechos humanos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Puebla operan 26 centros de rehabilitación privados para las adicciones, pero solo uno cuenta con el aval del gobierno federal y cumple con las normas en materia de derechos humanos.

El directorio nacional de establecimientos residenciales a cargo de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), con última fecha de actualización en julio de este año, únicamente tiene el registro de un centro de rehabilitación que funciona apegado a las normativas federales, ubicado en la capital poblana.

Esto evidencia la falta de regulación y supervisión en los centros de rehabilitación privados en Puebla, lo que puede poner en riesgo los derechos humanos de los usuarios según expertos consultados.

Alfonso Chávez González, maestro en psicoterapia psicoanalítica y especialista en temas de adicciones, señaló que la falta de infraestructura por parte del sector salud público obliga a las personas a buscar alternativas privadas. Sin embargo, esto puede llevar a situaciones donde se vulneren los derechos humanos.

Las violaciones reportadas van desde prácticas inhumanas como dar alimentos inapropiados hasta restringir el acceso a tratamientos farmacológicos adecuados.

En cuanto al marco jurídico para el funcionamiento de estos centros, es necesario contar con diversos permisos y autorizaciones por parte del gobierno federal. La Norma Oficial Mexicana establece requisitos específicos para garantizar los derechos humanos y tratar adecuadamente a los usuarios. De igual manera, se han implementado medidas locales como penas por operar sin registro oficial.

A pesar del marco legal existente, las autoridades estatales se deslindan frecuentemente de sus responsabilidades al considerar estos centros como entidades privadas. Sin embargo, es fundamental que se implementen mecanismos efectivos para supervisar regularmente estos servicios.

Expertos sugieren que es necesario capacitar al personal involucrado en estas instituciones sobre derechos humanos y profesionalización. Asimismo, se propone la creación pública un padrón oficial y protocolo para denuncias dentro de estos establecimientos para asegurar un tratamiento adecuado y respetuoso hacia los usuarios afectados por adicciones.