Foro en Puebla aborda retos y oportunidades para la comunidad LGBT+

En el foro "Retos y Oportunidades de la población LGBTQI+ en Puebla", activistas y servidores públicos resaltaron la imperiosa necesidad de medidas legislativas y sociales para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas LGBT+ en el estado. Entre las principales demandas se encuentran el aval del Congreso a las infancias trans, la inclusión del término "transfeminicidio" en el Código Penal, la elaboración de un censo actualizado que visibilice a esta comunidad y la integración de miembros LGBT+ en puestos políticos y gubernamentales.

Marisol Calva, directora de Género en la Secretaría de Gobernación Estatal, dio inicio al evento destacando que en el país hay alrededor de 5 millones de personas LGBT+, lo que representa el 5.1% de la población mayor de 15 años. En Puebla, este porcentaje asciende al 5.4%, colocando al estado como sexto a nivel nacional en diversidad sexual.

Desde su perspectiva, estas cifras evidencian la importancia de atender, visibilizar y escuchar a esta comunidad. Recordó que es crucial escuchar directamente las experiencias y necesidades de los activistas para poder tomar medidas efectivas.

Gabriela Chumacero, líder del Grupo Trans en Puebla, enfatizó la urgencia del aval para infancias trans por parte del próximo periodo legislativo estatal. Esta medida busca no solo reconocer sus identidades desde temprana edad sino también protegerlos contra discriminación y exclusión social.

Por otro lado, Tuss Fernández abogó por la creación un censo actualizado que permita comprender mejor las necesidades específicas de esta comunidad e implementar políticas públicas inclusivas. También destacó la importancia de tener representantes LGBT+ ocupando cargos políticos relevantes.

Las demandas planteadas durante este foro instan a una acción inmediata por parte tanto autoridades como sociedad civil para avanzar hacia una igualdad plena y el respeto irrestricto hacia los derechos humanos dentro la comunidad LGBT+ en Puebla. La implementación efectiva estas medidas no solo fortalecerá el entramado social sino también posicionará al estado como líder progresista en justicia social dentro del país.