Familiares exigen justicia por motociclistas accidentados en San Pedro Acoquiaco
Los familiares de José Manuel Allende y Rafael Méndez, los dos motociclistas que fueron impactados por una camioneta que se pasó el alto en la Avenida Reforma y 11 Poniente, llevaron a cabo una manifestación frente a la presidencia auxiliar de San Pedro Acoquiaco. Según ellos, el responsable del accidente es sobrino del edil auxiliar, Miguel Ángel Coyotl, quien afirmó estar brindando apoyo a las víctimas.
Después de ocho días luchando por sus vidas en estado grave con lesiones como fracturas de costillas, piernas, brazos y lesiones internas que requirieron cirugías para extirpar órganos y lesiones en la cabeza; los familiares aseguran haber gastado más de 300 mil pesos en hospitales privados.
La molestia surgió cuando escucharon que el edil auxiliar afirmaba públicamente estar apoyando a las familias de las víctimas mientras reconocía la responsabilidad de su sobrino. Los familiares decidieron manifestarse para dejar claro que no han recibido ningún tipo de apoyo económico por parte del edil ni su sobrino.
A pesar de un pago inicial realizado por el hermano del responsable en un hospital donde fueron atendidos al principio del accidente, los familiares aseguran no haber recibido más asistencia económica. Han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con la esperanza de proceder legalmente debido a relaciones entre autoridades que consideran pueden influir en el proceso legal.
Los familiares también señalan que las autoridades encargadas no tomaron en cuenta videos ni testimonios sobre el accidente ocurrido el 5 de junio, llamado "semaforazo". Reclaman falta atención a pruebas visuales entregadas donde se observa una luz roja al momento del incidente.
Con pancartas pidiendo oraciones por la recuperación de los heridos y exigiendo justicia sin afectar la imagen pública del edil auxiliar ni causar problemas adicionales a ciudadanos locales. Solicitan simplemente que los responsables asuman las consecuencias legales correspondientes mientras enfrentan meses sin trabajar y terapias médicas. Durante su manifestación ninguna autoridad local acudió para dialogar con ellos.