El sistema judicial en Puebla no está funcionando adecuadamente y necesita revisión, afirma gobernador.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ha expresado su preocupación por el funcionamiento inadecuado del sistema judicial en la entidad. Tras el caso de un juez poblano acusado de favorecer a criminales con sus sentencias, el gobernador ha destacado la importancia de que el Poder Judicial revise sus áreas de oportunidad y detecte las fallas que afectan la impartición de justicia.

En relación al juez Jorge Eduardo Ramírez Téllez, quien emitió seis resolutivos desfavorables a los intereses de la justicia según Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad federal, Céspedes Peregrina ha subrayado la necesidad de una investigación exhaustiva y señaló que debe haber responsables en caso se compruebe algún ilícito.

Sin embargo, el gobernador descarta que sea necesario "una limpia" en el Poder Judicial, pero insta a analizar su funcionalidad ya que puede haber debilidades en cualquiera de las autoridades involucradas. Además, menciona que es fundamental revisar áreas como los primeros respondientes y la Fiscalía General del Estado para abordar adecuadamente esta cadena concatenada.

Cabe recordar otro caso anterior donde otro juez poblano habría beneficiado a criminales con sus sentencias. En ese momento fue Javier Martínez Castillo quien supuestamente modificó medidas cautelares e autorizó la libertad dos secuestradores.

Por otra parte y cambiando temática se informa también sobre un amparo concedido por una juez federal a favor del Unión Nacional Padres Familia (UNPF) para detallar la estrategia de implementación de programas y planes de estudio en el ciclo escolar 2023-2024. Ante esto, el gobernador Céspedes Peregrina asegura que la sentencia aún no está firme y espera que sea impugnada por la Secretaría de Educación Pública. Mientras tanto, enfatiza que no se detendrá la distribución de libros en Puebla hasta que exista una sentencia respaldada por la Suprema Corte de Justicia.

Es importante destacar que esta sentencia obliga a las autoridades involucradas a entregar un programa detallando cómo se implementarán los planes de estudio en relación a los libros, sin afectar su distribución.

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