El sistema de justicia colapsado y la urgencia de acciones desde abajo: La realidad del país en México
El sistema de justicia mexicano ha colapsado, permitiendo apenas la sanción del dos por ciento de los delitos en todo el país. Las estrategias de atiborrar las cárceles y aumentar las condenas han resultado inútiles y han impulsado aún más la corrupción, coincidieron académicos durante la conferencia "La realidad del país", celebrada en el marco del Diálogo Nacional por la Paz.
Previo a esta conferencia, se llevó a cabo un recorrido por diversas comunidades para recoger testimonios sobre el fenómeno de inseguridad. Elena Azaola Garrido, doctora en Antropología por el CIESAS, condenó que existe un profundo miedo que apenas permite a las personas sobrevivir.
Junto con otros académicos presentes, Azaola Garrido observó que la inseguridad ha limitado el desarrollo de miles de personas y ha dañado los vínculos familiares. Lo más preocupante es que también ha generado una pérdida de confianza en las autoridades.
Jorge Atilano González Candia, encargado del Sector Social de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, afirmó que no podemos esperar al candidato perfecto para solucionar esta situación. Es necesario tomar acción desde abajo. El crimen organizado tiene un control evidente sobre los tianguis (mercados), bosques e instituciones encargadas de impartir justicia.
González Candia explicó que el crimen se ha aprovechado porque encontraron aliados dentro del gobierno y descubrieron que la violencia constituye una ventaja para controlar a los más vulnerables. Se requiere urgentemente un nuevo diseño para el sistema de justicia, ya que el gobierno se encuentra desbordado y necesita la ayuda de otros actores.
En México, miles de personas han sido víctimas de desapariciones forzadas y homicidios durante los últimos 15 años. Elena Azaola aseguró que si se guardara un minuto de silencio por cada una de estas personas, el país permanecería en silencio durante más de un año. En total, cerca de 450 mil personas han sido asesinadas y 111 mil han desaparecido en todo el país. Estas cifras reflejan no solo la impunidad del Estado y la falta de procuración de justicia, sino también la falta de interés por parte de la ciudadanía en participar en la reconstrucción del tejido social.
Los académicos hicieron un llamado a las autoridades para remodelar el sistema legal y dejar de lucrar con este derecho. También enfatizaron la importancia simplificar los procesos para atender a las víctimas. "Estamos frente a un sistema complicado que solo fomenta la corrupción", concluyó Jorge González.