El parlamento del estado de Puebla aprueba reforma para reforzar la seguridad en los municipios.
El parlamento del estado de [nombre del estado] aprobó una reforma con el fin de fortalecer la seguridad en los 217 municipios de la entidad. La reforma impide que los alcaldes nombren a personas sin las capacitaciones requeridas como titulares de las ramas de seguridad. Durante la sesión ordinaria, se aprobaron las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado propuestas por Roberto Solís Valles, presidente de dicha comisión.
El dictamen tiene tres objetivos principales. En primer lugar, obligar a los presidentes municipales a promover la capacitación y actualización del personal en los cuerpos de seguridad. Además, se establece que solo podrán ser nombrados titulares aquellos que hayan tomado el curso impartido por las autoridades competentes.
Además, se atribuye a la Secretaría de Seguridad Pública y al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública la implementación de capacitaciones en materia de seguridad pública para las autoridades municipales.
Con esta reforma, se busca evitar que los alcaldes improvisen con el tema crucial de la seguridad en sus demarcaciones. Se pretende evitar elecciones basadas únicamente en acciones sociales positivas pero sin considerar el conocimiento especializado necesario para proteger a la ciudadanía.
En otra medida adoptada durante dicha sesión legislativa, se aprobaron reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado para establecer plazos específicos para designar titulares en áreas clave como Secretaría, Tesorería y Contraloría municipal así como ramas relacionadas con seguridad pública. Esta medida busca prevenir situaciones desestabilizadoras debido a ausencias prolongadas e imprevistas.
Las reformas fueron propuestas tras la controversia generada en el Cabildo de Puebla por el abandono del cargo de la entonces secretaria General, Silvia Tanús Osorio, quien se unió al partido tricolor de la LXI legislatura.
En esta misma sesión también se aprobó que el estado cuente con una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura. Actualmente, la Fiscalía General del Estado cuenta con una unidad encargada del tema, pero estas reformas elevarán su rango a fiscalía especializada.