El Estado de Puebla incumple con la búsqueda de desaparecidos, denuncian académicos y víctimas indirectas
El Estado tiene una deuda con las víctimas indirectas de desaparición forzada en Puebla. Según un análisis realizado por especialistas de la Universidad Iberoamericana Puebla, el 65.1 por ciento de 17 familias entrevistadas reportaron que no ha habido avances en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla representa una violación grave a los Derechos Humanos tanto para los desaparecidos como para sus familias, denunció Rosario Arrambide González, especialista y académica de la Universidad Iberoamericana.
En el informe presentado se revela que durante el periodo mencionado, el 76.9 por ciento de las familias solicitó ayuda a las autoridades para las labores de búsqueda, pero solo el 30 por ciento recibió respuesta y solo un 10 por ciento obtuvo ayuda efectiva.
Desde septiembre del 2021 hasta hoy día, el 84.6 por ciento de las víctimas indirectas han solicitado ayuda y solo un nueve por ciento aseguró haberla recibido, aunque sin obtener resultados satisfactorios.
"Reportan que la situación sigue igual, que no hay organización y no se ven cambios", condenó Jessica Utrera Capetillo, también académica e investigadora involucrada en este estudio.
La ineficacia demostrada pone en evidencia que estas investigaciones están destinadas al fracaso y como resultado las víctimas seguirán sin obtener resultados satisfactorios.
"No existe un cumplimiento total de esta Ley y los mecanismos de búsqueda no son suficientes. Se requiere atender esta problemática y hacer cumplir un estatuto que fue resultado de la exigencia y trabajo de familiares, de una lucha que responde a un contexto muy grave", agregó Arrambide González.
Además, las expertas hicieron un llamado urgente a las autoridades locales para abordar este problema. Los familiares afectados no solo sufren por la falta de cumplimiento de la ley, sino que también sacrifican su propio bienestar en la búsqueda desesperada de sus seres queridos.
Desde diciembre del 2010 hasta abril del 2022, al menos 13 personas dedicadas a buscar desaparecidos fueron asesinadas en Puebla, presuntamente como represalia por sus labores.
"El Estado tiene pendientes para acatar las obligaciones en materia de búsqueda e investigación. Esperamos que este informe ayude a las autoridades a identificar áreas de oportunidad para dar un cumplimiento adecuado a sus funciones y adopte medidas para el cumplimiento de esta Ley", concluyó Arrambide González.