Comunidad LGBTIQ+ en Puebla exige inclusión y asignación de recursos públicos para políticas de apoyo y protección en el 2024
Integrantes de la comunidad LGBTIQ+ en Puebla demandan a las autoridades estatales ser considerados en la asignación de recursos públicos para el año 2024. Buscan realizar un diagnóstico sobre la situación de este sector y crear políticas públicas a favor de ellos, como campañas de concientización sobre el respeto e inclusión, así como establecer un albergue para aquellos que han sido discriminados o excluidos por su orientación sexual.
En una medida histórica, el Congreso de Guanajuato ha destinado siete millones de pesos a Amicus, una asociación civil LGBTIQ+ que presentó un amparo para llevar a cabo análisis e implementar diversas acciones. Ante esto, los integrantes de esta asociación hacen un llamado a otros congresos del país para incluir al sector en las Leyes de Egresos del ejercicio fiscal 2024, ya que históricamente han sido marginados.
En Puebla, miembros de la sociedad civil y activistas políticos se pronuncian a favor de estas demandas debido a que la discriminación y la homofobia son comunes contra las personas LGBTIQ+. La creación de campañas y albergues es urgente según Ivonne Flores, Karla Martínez y David Pascual. Flores señala que se requiere atención más personalizada ante situaciones discriminatorias y ejemplifica las casas violetas destinadas a mujeres víctimas de violencia. Además, se necesitan asesorías jurídicas y psicológicas ya que muchas veces estas personas desconocen sus derechos o temen denunciar actos discriminatorios.
David Pascual destaca la importancia del respeto hacia esta comunidad mediante campañas masivas. Por su parte, Javier Mastranzo menciona la necesidad de promover los derechos y respeto hacia otros sectores relegados como la comunidad indígena y las personas con discapacidad.
Betuky Camacho, coordinador estatal de diversidad sexual del partido Morena en Puebla, informa que la Secretaría de Gobernación, en colaboración con activistas y colectivos LGBTIQ+, trabaja en políticas públicas para esta comunidad. Se busca utilizar parte del presupuesto asignado por el Congreso local para implementar estas acciones. El objetivo es abrir espacios exclusivos de atención a las diversas necesidades que tienen las personas LGBTIQ+, reconociendo que cada situación es diferente.
En cuanto a las agresiones y crímenes de odio, datos del INEGI revelan que hay cinco millones de mexicanos mayores de 15 años identificados como LGBTIQ+. En Puebla, este grupo representa el 5.4% del total, equivalente a 267 mil personas. Visible, una plataforma colaborativa del colectivo LGBTIQ+ reconoce un aumento en estos casos a nivel nacional durante el año pasado. En Puebla se registraron 51 agresiones ese año.
Entre los casos más destacados se encuentra el asesinato por asfixia de Ernesto Javier Herrera y la agresión a Janeth Palacios durante los festejos del carnaval. Las ofensas verbales y burlas son las agresiones más comunes reportadas por esta comunidad seguidas por ataques físicos hasta llegar al asesinato.
Ignacio Alonso Muñoz, coordinador académico e investigador universitario destaca la importancia de la participación activa de los sectores vulnerables en la creación de políticas públicas y la asignación de recursos. Esto asegura un uso eficaz y adecuado de los recursos públicos para atender las necesidades específicas de estas poblaciones.