Aprobada la Ley de Responsabilidad Patrimonial en Puebla para indemnizar a ciudadanos por omisiones de la autoridad.
Después de más de dos décadas de rezago legislativo, el Congreso de Puebla ha aprobado la expedición de la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Esta ley tiene como objetivo indemnizar a los ciudadanos que han sido víctimas de las omisiones por parte de la autoridad estatal y municipal.
Durante una sesión ordinaria, los legisladores aprobaron por unanimidad esta normativa que entrará en vigor el próximo año, una vez se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias.
La principal finalidad de esta ley es garantizar la reparación del daño para aquellas personas cuyos derechos han sido vulnerados debido al actuar irregular en cuanto a faltas administrativas.
Según el dictamen, serán sujetos obligados tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo a través de la Administración Pública Estatal, los organismos autónomos y los 217 municipios del estado. También se incluye cualquier otro ejecutor del gasto en carácter municipal o estatal.
Se define como actividad administrativa irregular aquella realizada por cualquier ejecutor del gasto en sus funciones administrativas y que cause daño a la persona, sus bienes o derechos, siempre y cuando dicha persona no tenga la obligación jurídica de soportarlo.
En lo referente al Ejecutivo local se destinará el 0.3% del millar del presupuesto para cubrir hasta siete omisiones cometidas por dependencias y entidades gubernamentales. En total, esto representa más de 15 millones pesos según lo declarado previamente por Monica Silva Ruiz, presidenta Comisión Gobernación y Puntos Constitucionales.
Por su parte, cada uno d73f93fc-ebe5-4e9e-8351-d367826319d1e los 217 ayuntamientos deberá destinar el monto que consideren adecuado para este rubro, ya que el parlamento poblano no tiene facultad para dictar porcentaje alguno debido a su autonomía.
En cuanto a la indemnización por responsabilidad patrimonial, esta podrá pagarse en moneda nacional o mediante pago en especie. La cuantificación se calculará según la fecha en la que ocurrió el daño y los criterios establecidos por las leyes de expropiación, bienes, código civil y demás leyes aplicables.
La ley establece que quedará exceptuada la indemnización en casos de fuerza mayor, eventos imprevisibles o aquellos causados por servidores públicos cuando no actúen dentro del marco de sus funciones y cuando no sean consecuencia de actividad administrativa irregular.
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel destacó que el objetivo principal de esta iniciativa es asegurar el pago de indemnizaciones a los ciudadanos y contar con una previsión presupuestal para ello.
Una vez aprobada en pleno, es necesario publicar el decreto en el Periódico Oficial del Estado (POE) para su entrada en vigor.